DS 5503: Más allá del gasolinazo, un nuevo rol del Estado en la economía

*Juan Ruiz Otondo | Daniela Carrasco Aldana

|Colegio de Economistas de Chuquisaca | Publicado en Correo del Sur (06/01/2026)*

La estabilidad macroeconómica de un país se fundamenta en el equilibrio interno (producción creciente, pleno empleo e inflación estable) y el equilibrio externo (sostenibilidad de la balanza de pagos). Sin embargo, a noviembre de 2025, en Bolivia se evidenció un desequilibrio estructural severo: un déficit fiscal del 10,2%, deuda pública del 78,5% del PIB, inflación interanual del 23% y Reservas Internacionales Netas (RIN) de USD 3.277 millones (compuestas en un 95% por oro, lo que agudizó la escasez de divisas). A este escenario se sumó la caída en la producción de hidrocarburos, una subvención de USD 2.721 millones y un financiamiento del BCB al déficit equivalente al 33% del PIB.

Ante esta crisis, se promulgó el D.S. 5503 de emergencia económica nacional. Esta norma no es una respuesta administrativa convencional; constituye una reconfiguración profunda de la arquitectura económica. Más que un ajuste de precios de combustibles, representa una reforma a la política económica y una cirugía mayor al rol del Estado en la Economía. Bajo este marco, el presente análisis desglosa los ejes transversales que sustentan el decreto.

El aspecto más visible y mediático es, sin duda, el ajuste en los precios de los carburantes: un incremento del 86% en la gasolina y 163% en el diésel, representa la superficie de una reforma cuya transición conlleva costos sociales ineludibles. El mecanismo de transmisión de precios (pass-through) es una realidad técnica; el encarecimiento logístico golpea directamente la canasta familiar y los insumos productivos.

Las proyecciones para 2026 no son alentadoras, estimando una una inflación de entre el 18% y 25%, con un escenario de estanflación temporal durante los primeros trimestres del ajuste. Aunque el decreto incluye medidas compensatorias como el incremento del 20% al Salario Mínimo Nacional de Bs 3.300 y la creación de bonos como el PEPE, el análisis sugiere que son medidas insuficientes para los sectores vulnerables y el sector informal, que abarca al 85% de la población activa. Desde la microeconomía, el alza salarial sin un aumento correlativo en la productividad real compromete la sostenibilidad de las PyMES, que operan con márgenes financieros estrechos.

Uno de los puntos de inflexión más polémicos se encuentra en el Artículo 5 del Capítulo I, que redefine la gobernanza financiera nacional. El BCB, concebido históricamente como custodio de la estabilidad monetaria, se transforma en un gestor directo de pasivos externos y operador de rescate fiscal (Pasa de custodio monetario a agente de deuda). Esta metamorfosis deriva del agotamiento crítico de las RIN. Técnicamente, el Artículo 5 faculta al BCB para negociar swaps de divisas y emitir deuda externa respaldada por el TGN. El riesgo crítico radica en la subordinación de la política monetaria a las necesidades fiscales. Al permitir que el TGN entregue activos estratégicos como garantía, la frontera técnica entre ambas políticas se acorta.

El diagnóstico oficial reconoce que Bolivia ha funcionado bajo un "Estado tranca" que asfixia el capital privado. En respuesta, se establece un nuevo régimen de desregulación; el decreto busca incentivar la oferta mediante la desburocratización. Los Títulos III y IV giran hacia la liberalización, elimina barreras históricas como las autorizaciones previas, y suprime los certificados de abastecimiento interno para la exportación de granos y carne. La creación de la Ventanilla Única de Inversiones Estratégicas y el procedimiento Fast Track pretenden desmantelar el Estado Tranca, reduciendo incentivos para la corrupción.

Acompañando esto, el Sistema SIETE-RG (monotributo del 5% para emprendedores) y los incentivos de estabilidad tributaria por 15 años para sectores estratégicos (minería, agroindustria e hidrocarburos) reflejan un cambio de paradigma; el Estado intenta dejar de ser el único motor económico para convertirse en un facilitador de la inversión privada y extranjera. Sin embargo, la política de "atarse las manos" para proyectar seguridad jurídica —según la Teoría de la Inconsistencia Temporal— genera una vulnerabilidad fiscal a largo plazo. Si los precios de las commodities suben, el Estado habrá renunciado por década y media a capturar ingresos extraordinarios. Por otro lado, la repatriación de capitales con alícuota del 0% para fondos que retornen por al menos 24 meses es una herramienta de doble filo, genera riesgo moral premiando evasores y afectando equidad tributaria.

En este sentido se evidencia algunos nudos críticos del modelo: a) la asfixia subnacional; la centralización de divisas en el binomio BCB-TGN pone en riesgo la autonomía de regiones y empresas públicas; b) la inseguridad jurídica; la pretensión de que un decreto tenga primacía sobre leyes ordinarias o la Constitución vulnera el Estado de Derecho, lo cual podría ahuyentar la misma inversión extranjera que se busca atraer; c) la monetización de la deuda; el uso de activos del Tesoro como garantía implica hipotecar el patrimonio estatal futuro para resolver una crisis de liquidez de corto plazo; d) la ambigüedad del nuevo régimen cambiario bajo banda genera incertidumbre y riesgo de devaluación.

En conclusión, el D.S. 5503 es un paliativo de emergencia diseñado para evitar el colapso de equilibrio macroeconómico. Su filosofía es pragmática, sacrifica la ortodoxia y la autonomía institucional en favor de la velocidad de respuesta. Si bien otorga un oxígeno financiero necesario ante el desastre de las reservas y déficit fiscal, su diseño es intrínsecamente riesgoso por falta de consenso político y social previo. La solución estructural definitiva no vendrá de un decreto, sino de una reforma profunda avalada aprobada legislativamente que devuelva la confianza institucional y la seguridad jurídica al país.